En el momento de su creación, la Comunidad Europea tenía una connotación fundamentalmente económica. Su objetivo era la libre circulación de los factores de producción para crear un mercado interior competitivo y lograr una asignación racional de los recursos.

En consecuencia, el individuo interesa principalmente como trabajador y los primeros aspectos a regular son los que se refieren a esta esfera. A medida que el proceso de integración evoluciona, la atención se desplaza hacia el ciudadano como tal.

La libre circulación de trabajadores es uno de los atributos que se derivan directamente de la ciudadanía europea. Al mismo tiempo, se está produciendo un desarrollo tanto del derecho derivado como de la jurisprudencia.

En este artículo, desde Abogados Ledesma te explicamos qué implica realmente el derecho de libre circulación de los trabajadores y a quién se aplica.

¿A quién se aplica el derecho de libre circulación?

El derecho de libre circulación se aplica a los ciudadanos de la Unión Europea que viajen o residan en un Estado distinto al de su nacionalidad y los miembros de su familia que les acompañen. Por “miembro de la familia” se entiende el cónyuge, pero también la pareja con la que el ciudadano tenga una relación contractual (siempre que la legislación del Estado miembro de acogida considere las uniones registradas como equivalentes a al matrimonio).

También incluye a los descendientes menores de 21 años o dependientes, así como los del cónyuge o pareja; ascendientes directos dependientes y los del cónyuge o pareja. La nacionalidad de los miembros de la familia no es relevante.

¿Qué implica realmente el derecho de libre circulación de los trabajadores?

  • Derecho de entrada y salida: Disfrutar del derecho de libre circulación implica, en primer lugar, la posibilidad para los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y miembros de su familia de entrar y salir de un Estado miembro si tienen un documento de identidad o un pasaporte. En cuanto a la entrada, los miembros de la familia que no sean ciudadanos de la Unión deben estar en posesión de un visado de entrada o de un permiso de residencia, según lo previsto en la directiva.
  • Si el ciudadano o los miembros de su familia no tienen los documentos necesarios, los Estados miembros deben hacer todo lo posible para evitar la expulsión y facilitar la obtención de los documentos.
  • Derecho de residencia: Los ciudadanos y miembros de su familia pueden residir hasta tres meses en cualquier Estado miembro sin más trámites que la posesión de los documentos necesarios para la entrada.

Para prolongar su estancia más allá de tres meses, se deben cumplir una de las siguientes condiciones:

  • Ser trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia en el Estado miembro de acogida.
  • Tener recursos económicos suficientes para él y los miembros de su familia, así como tener un seguro de enfermedad completo en el Estado miembro de acogida.

El objetivo de esta disposición es evitar que el individuo se convierta en una carga para el Estado miembro de acogida.

Entonces, ¿tener un trabajo no es un requisito para poder trasladarse y quedarse?

La idea básica es que el ciudadano es prácticamente libre de trasladarse y residir donde quiera, siempre que pueda mantenerse a sí mismo y a su familia, y no de forma demasiado costosa.

Sin embargo, puede prolongar su estancia si una persona está incapacitada para trabajar debido a un accidente, está desempleado e inscrito como demandante de empleo o está cursando una formación profesional.

El objetivo es proteger la posición de las personas que han perdido su empleo por razones ajenas a su voluntad.

Sin embargo, la Directiva enumera algunos derechos que el Estado no está obligado a garantizar antes de que transcurra un determinado periodo de tiempo; por ejemplo, el derecho a las prestaciones de asistencia social nace después de los tres primeros meses de residencia.

¿Qué trámites hay que realizar para permanecer más de 3 meses es un Estado miembro de la Unión Europea?

Si es necesario registrarse ante las autoridades, basta que la persona presente un documento de identidad o pasaporte y demuestre que se encuentra en una de las condiciones que le permiten permanecer más de tres meses, por ejemplo, trabajar en el país. En ese caso, el Estado deberá proporcionar una tarjeta de residencia al trabajador.

Los Estados están obligados a expedir dicho documento en los 6 meses siguientes a la solicitud y tendrá una duración máxima de 5 años. Si el ciudadano interrumpe su estancia por motivos de salud, formación o por un periodo no superior a seis meses al año, esto no afecta a la validez de esta tarjeta.

El principal motivo para expulsar a un ciudadano de la Unión Europea es que este no pueda mantenerse y constituya una carga para el Estado miembro.

Tras 5 años trabajando de forma legal y continuada en el Estado miembro, los ciudadanos de la Unión y miembros de su familia obtendrán el derecho de residencia permanente. Este derecho solo se perderá tras dos años consecutivos de ausencia.

Uno de los casos en los que se exceptúa el umbral mínimo de cinco años es cuando el trabajador, después de haber residido y trabajado ininterrumpidamente durante tres años en un Estado, trabaja en otro Estado pero sigue viviendo en el primero, al que regresa al menos una vez por semana.