El traslado del lugar de trabajo consiste en un movimiento permanente del trabajador, sin límite de tiempo, de un lugar de trabajo a otro. Como es fácil de imaginar, es un acontecimiento que tiene un gran impacto en la vida del trabajador, incluso en su vida no profesional, especialmente si tiene familia.

Pues bien, se trata de una institución regulada por la legislación laboral vigente, a la que puede acogerse el empresario o la empresa. Sin embargo, el traslado del lugar de trabajo, es decir, el cambio del lugar en el que el trabajador desempeña sus funciones en virtud del contrato de trabajo, no puede hacerse a la total discreción del empresario. Efectivamente, hay límites que hay que tener en cuenta.

Por lo tanto, veremos a continuación cómo funciona el mecanismo de transferencia del trabajador y qué debe saber el trabajador para proteger mejor sus derechos legítimos como empleado.

Traslado de centro de trabajo

El traslado del centro de trabajo constituye un poder patronal que permite a la empresa hacer más eficiente el aparato de sus recursos y fortalecer la organización.

El lugar de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo, que es objeto de un acuerdo entre el empresario y el trabajador en el momento de la contratación. Pero también es cierto que, con el tiempo, las necesidades de la empresa pueden cambiar y el empresario puede ordenar el traslado del lugar de trabajo.

Es cierto que el ejercicio del poder de transferencia está asistido por el baluarte de la no independencia de las opciones empresariales, pero dentro de ciertos límites.

El traslado del centro de trabajo, es decir, de una unidad de producción a otra, sólo puede hacerse en presencia de «razones técnicas, organizativas o de producción demostradas».

Un trabajador sólo puede ser trasladado legítimamente si la empresa puede demostrar, por ejemplo, que la presencia del trabajador en el lugar de origen ya no es útil o que su particular profesionalidad es necesaria en el lugar de destino. En estas circunstancias, las razones que subyacen a la decisión de la empresa son fundadas.

En general, puede decirse que la elección del empresario entre varias soluciones organizativas posibles sigue siendo incuestionable.

Precisamente para dar al trabajador el tiempo adecuado para reorganizarse y cambiar de ciudad, la ley obliga a las empresas a respetar un plazo de preaviso antes de hacer efectivo el traslado. El tiempo de preaviso por norma general es de 30 días, si no realiza este aviso con el tiempo suficiente el empleado podrá impugnar el traslado del centro de trabajo.

Sin embargo, tal y como establece la jurisprudencia autorizada, aunque la orden de traslado no implica ninguna carga de forma y no tiene que incluir necesariamente la indicación de los motivos, ni el empresario tiene el deber de responder al trabajador que los solicita, en el caso de que se impugne la legitimidad del traslado, el empresario tiene la carga de alegar y probar en juicio las razones fundadas que han llevado a la elección.

¿El empleado se puede negar a trasladarse de centro de trabajo?

El lugar de trabajo no tiene por qué ser idéntico a lo largo del tiempo: las partes pueden cambiarlo en cualquier momento de mutuo acuerdo. Pero si es el empresario quien decide cambiar el lugar de trabajo unilateralmente, estamos ante un caso de traslado del lugar de trabajo.

Supongamos que el trabajador recibe una carta de traslado a un lugar de trabajo alejado de su residencia y de su familia. Ciertamente, en muchos casos el empleado no tendrá intención de mudarse y pensará inmediatamente en rechazar el traslado. Pero la pregunta consiguiente es si rechazar el traslado puede costar el puesto de trabajo, es decir, si existe el riesgo de ser despedido.

Es cierto que el lugar de trabajo es un elemento esencial del contrato de trabajo, que frecuentemente condiciona la propia voluntad del trabajador de decir sí a una determinada ocupación. Por otra parte, es sabido que en torno al lugar donde trabaja, el empleado organiza su vida personal y familiar.

El trabajador puede protegerse contra la decisión unilateral impugnando el traslado extrajudicialmente. Para ello, el trabajador debe, de forma independiente o con el apoyo de un abogado o un sindicato, redactar una carta a la empresa impugnando la existencia real de los motivos del traslado, denunciando también la ilegitimidad de la decisión del empresario. Si esto no es suficiente para proteger sus razones, el trabajador, a través de su abogado, debe presentar un recurso ante el secretario del tribunal de trabajo solicitando que el tribunal compruebe y declare la ilegitimidad del traslado del lugar de trabajo.

Por su parte, la empresa debe acreditar obligatoriamente los requisitos organizativos, técnicos y de producción relacionados con el traslado del lugar de trabajo. Cabe señalar que la carga de la prueba recae en el empresario y no en el trabajador.

Si bien en el tiempo que se resuelve el caso, el trabajador debe prestar servicio en el centro de trabajo seleccionado por la empresa hasta la resolución del mismo.